El miércoles 12 de marzo a las 9:30 autoridades educativas, de organismos de derechos humanos y representantes de la sociedad civil presentaron una actualización del “Protocolo Guía para situaciones de discriminación y rechazo por motivos de discapacidad en el ámbito de la educación”, una herramienta destinada a prevenir, detectar e intervenir ante vulneraciones de derechos en centros educativos públicos y privados de todo el país. El acto contó con la presencia del Director Nacional de Educación Gabriel Quirici, el Presidente de ANEP Pablo Caggiani, la directora de la INDDHH Jimena Fernández, el Director General de Educación Secundaria Manuel Oroño, la Subdirectora General Sandra Peña, la Directora General de UTU Virginia Verderese, la Subdirectora General de Primaria Selva Pérez, así como representantes de los subsistemas de la educación pública y de la sociedad cvil.
El objetivo central del documento es garantizar el derecho a una educación inclusiva, estableciendo mecanismos para identificar situaciones de discriminación, orientar a los centros educativos y ofrecer un procedimiento para que estudiantes con discapacidad y sus familias puedan denunciar vulneraciones a sus derechos. El presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, subrayó que el derecho a la educación va más allá del acceso al sistema: “Tener derecho al acceso a la educación no implica solo tener un lugar en el sistema educativo, sino que lo que sucede en ese proceso permita transitar, desarrollarse y completar los ciclos educativos”, expresó. En la misma línea, el director nacional de Educación del MEC, Gabriel Quirici, sostuvo que la actualización del protocolo forma parte de una nueva agenda de derechos que busca ampliar las garantías educativas para toda la población.
El documento fue elaborado de manera conjunta por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). La actualización busca fortalecer las acciones institucionales frente a las reiteradas denuncias por rechazo o discriminación hacia niñas, niños y adolescentes con discapacidad en instituciones educativas. Según se informó durante la presentación, las consultas vinculadas a este tipo de situaciones constituyen actualmente una de las problemáticas más frecuentes que recibe la Defensoría del Pueblo.
Desde el 2008, año en el que Uruguay ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se ha realizado una búsqueda constante para cumplir con uno de los derechos básicos de los seres humanos, el derecho a la educación, para todos y todas las estudiantes que a lo largo de la historia han quedado por fuera del sistema debido a contar con alguna discapacidad. El año 2026 vuelve a consagrar otro hito en la evolución de la reflexión, el análisis y consolidación de propuestas en materia legislativa.
La revisión del protocolo se desarrolló entre 2024 y 2025 con la participación de un equipo de especialistas y a partir de la experiencia acumulada por el Grupo de Trabajo de Educación Inclusiva. El espacio interinstitucional incluyó representantes de la ANEP, el MEC, el MIDES, gremios docentes, la Universidad de la República, organizaciones de la sociedad civil y áreas de la INDDHH vinculadas a la discapacidad.
Avances hacia una educación inclusiva
Durante la presentación, técnicos y autoridades educativas coincidieron en la importancia de eliminar las barreras que aún persisten en el sistema. La subdirectora de Educación Inicial y Primaria, Selva Pérez, relató el testimonio de una madre de un niño con discapacidad que reflejaba la incertidumbre que enfrentan muchas familias al inicio del año escolar; “Cuando empiezan las clases todos compran mochilas con alegría; para algunas familias comienza la preocupación de saber qué puerta se les abrirá y con qué condiciones”, señaló. En este sentido, dialogó sobre la idea de la discpacidad preguntando, sobre quién tiene realmente la discapacidad: el alumno o el sistema que no se abre a resolver la interrogante de cómo abordar la situación. Pensar a los estudiantes en su contexto y en su entorno, se vuelve clave para avanzar en el aprendizaje colectivo para una convivencia armónica. Ante una discapacidad, la respuesta más frecuente es la negación, plantea, pero ya no se podrá negar más el ingreso y la existencia plena de las personas con discapacidad. Desde la Dirección General de Educación Secundaria, Jimena Valdés remarcó que ningún centro educativo puede negar la inscripción de estudiantes con discapacidad, ya que hacerlo constituye una vulneración del derecho a la educación.
Novedades del protocolo
Entre las principales incorporaciones de esta actualización se encuentra un glosario de términos técnicos, destinado a unificar conceptos y facilitar la comprensión del documento. Allí se incluyen definiciones como “barreras”, “ajustes razonables”, “discapacidad” y “acompañante terapéutico”. Asimismo, deja sentado una hoja de ruta para realizar las denuncias pertinentes, desde las instituciones que acompañan a los y las estudiantes.
La aplicación del protocolo alcanza a todos los centros educativos regulados por la Ley N.º 18.437, tanto públicos como privados, y responde a las obligaciones asumidas por el Estado uruguayo tras la ratificación en 2008 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En el cierre del encuentro, representantes del Consejo Asesor Honorario de la sociedad civil organizada de y para personas con discapacidad destacaron la relevancia del documento y señalaron la necesidad de continuar avanzando en políticas que mejoren la calidad educativa y garanticen la inclusión real de todos los estudiantes.
